Por: Dr. Wilge H. Mendoza Miranda
La declaración del sindicado, inculpado,
imputado o acusado, dependiendo del nombre que adopte la legislación procesal
penal de un Estado, siempre, es un acto trascendental, probablemente por que arrastramos
atavíos del sistema inquisitivo, donde no solamente es necesaria, sino se
constituía en la reina de las pruebas.
En el sistema garantista que Bolivia
tiene, la declaración es un derecho del imputado, es por ello que el art. 121
de la Constitución Política del Estado señala que ninguna persona podrá ser
obligada a declarar contra si misma, ni contra sus parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo, el derecho de guardar
silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. Este principio
constitucional está regulado por los arts. 92 al 100 del Código de
Procedimiento Penal y existen un conjunto de exigencias que si no son cumplidas
puede desembocar en la nulidad del acto. Una de ellas se refiere al derecho de
la citación personal, es decir que siendo un acto trascendental el policía
investigador deberá buscar y encontrar al imputado para entregarle en mano
propia la citación que no es otra cosa, sino la convocatoria para que declare,
donde se consigna el día, el lugar y la hora, en caso de que no quiera recibir
o firmar el acta de citación, se hará notar este hecho, acreditando el mismo,
con la participación de un testigo de actuación habilitado. Las
representaciones realizadas por los policías únicamente servirán para que se
efectué la notificación por edictos y en ningún caso servirán para que se
elabore un mandamiento de aprehensión, como perversamente sucede en la práctica.
Asimismo, la citación la realiza el Fiscal, así como la recepción de la
declaración, cumpliendo el principio consagrado en el art. 117 de la
Constitución, en el sentido de la necesidad de ser oído antes de ser
sancionado.
Otro protocolo insoslayable de la
declaración es la advertencia previa que le hace el fiscal, no solamente de los
derechos formales del imputado, sino la descripción o un resumen del hecho
criminal, la participación del imputado y de los elementos de convicción
existentes que lo vinculan, aspecto que comúnmente incumplen los fiscales,
puesto que en la declaración reproducen la denuncia o querella, sin un
razonamiento o elaboración intelectiva y lógica del hecho, ya que se debe
señalar los hechos con todas sus formas y circunstancias, como lugar, forma de
su comisión, tiempo y participes.
También es importante la presencia del
abogado defensor de la elección de quien declare, puesto que la defensa técnica
es un derecho insoslayable, conforme prevé el art. 9 del CPP.
Por supuesto que no es legal la
utilización de medios prohibidos como la amenaza, el amedrentamiento, la
coacción o tortura, para obtener información o confesión del imputado o acusado.
El nombre mismo de declaración informativa, que es comúnmente utilizado, está
equivocado, porque no es el medio idóneo para obtener información. El imputado
puede abstenerse a declarar o incluso mentir, porque no existe en nuestra
legislación procesal penal la prueba de la confesión.
Para finalizar debemos destacar la importancia de la declaración del imputado como medio de defensa y no como un instrumento de obtener información, que lamentablemente en la practica esta siendo desnaturalizada por los operadores de justicia que utilizan a la declaración como un medio de información y hasta extorsión.
Sobre el Autor
WILGE
H. MENDOZA MIRANDA
Wilge H. Mendoza Miranda, es
licenciado en ciencias policiales y abogado. Investigador, miembro de la
Fundación Juntos por los Derechos Humanos.
