*Carlos Sanchez Berzain.
Urge que las Américas y el mundo atiendan lo que está
pasando en Santa Cruz, donde se desarrolla una acción planificada -ya aplicada
en Cuba, Venezuela y Nicaragua- busca someter a la única z.
Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más poblada, la
principal y la más desarrollada de Bolivia. Es la Capital de Santa Cruz, el
Departamento con el mayor producto regional bruto del país y es el centro más
importante de la defensa de la libertad, la unidad nacional y la Nación
Boliviana. Esta ciudad de 2 millones de habitantes es hoy víctima de bloqueo
físico y económico por el gobierno del socialismo del siglo XXI o
castrochavismo, que ejecuta una agresión abierta violando los derechos humanos
y cometiendo terrorismo de Estado.
Urge que las Américas y el mundo atiendan lo que está
pasando en Santa Cruz, donde se desarrolla una acción planificada de terrorismo
de estado -ya aplicada en Cuba, Venezuela y Nicaragua- destinada a someter a la
única zona de libertad que queda en Bolivia. La causa de esta agresión es
reclamar -en resistencia civil pacífica- que el gobierno cumpla su propia ley y
haga el Censo Nacional de Población y Vivienda en Noviembre 2022.
El Censo está siendo deliberadamente postergado por el
régimen boliviano porque los resultados de este padrón de población,
confirmarán que para las elecciones de 2009, 2014, 2019 y 2020 el gobierno
alteró el número de bolivianos, incrementado la lista de votantes con cerca de
1.5 millones de ciudadanos que no existen en un registro de 7 millones,
sometiendo al país a la condición de “dictadura electoralista donde los
ciudadanos votan pero no elijen”.
El gobierno de Luis Arce Catacora es la prolongación de la
dictadura de Evo Morales. Arce es el jefe de gobierno y Morales el dictador en
jefe, de un sistema implantado y sostenido por el castrochavismo iniciado con
el golpe de estado de 2003, que no respeta ninguno de los elementos esenciales
de la democracia, que tiene más de 180 presos políticos y 8.000 exiliados.
Detentan el poder con rótulo de democracia por el falsificado triunfo electoral
de 2020, precisamente basado en el padrón electoral adulterado. No pueden hacer
un censo que dé resultados aplicables a las elecciones de 2025, porque además
de confirmar la ilegitimidad de Arce, perderán las elecciones.
Bolivia es la dictadura invisible del castrochavismo
integrado por Cuba como jefe, Venezuela y Nicaragua. Es la víctima disfrazada
de democracia, porque luego del fraude electoral de 2019 probado infraganti por
los crímenes de Evo Morales que renunció y fugó a México-Cuba-Argentina,
manipularon el gobierno que debió ser de transición y lo convirtieron en
continuismo para retomar el poder en elecciones 2020. Presentaron el fraude
electoral 2019 como golpe de estado y con el pleno control judicial que ejercen
condenaron a cárcel a la ex presidenta Jeanine Añez y miembros de su gobierno.
Para reconocer la naturaleza de crimen organizado del
régimen que detenta el poder en Bolivia solo hay que revisar los informes de
las Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y el más reciente
del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a las elecciones de
2019 que prueban el fraude electoral cometido por Evo Morales, el mismo que
Arce Catacora y su sistema de justicia han convertido en golpe de estado y
condena judicial de decenas de inocentes para que Morales, Arce y sus cómplices
tengan impunidad.
Santa Cruz y sus líderes han sido siempre objetivo del
régimen castrochavista que el año 2009 perpetró la masacre del Hotel las
Américas, cuando Santa Cruz defendía la Constitución y la República de Bolivia,
suplantadas por el estado plurinacional actualmente impuesto. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su Informe de Fondo 394/21, Caso 13.546,
certifica la masacre ordenada por Evo Morales y plena prueba de los crímenes
cuando concluye que “el Estado Boliviano es responsable por la violación de los
derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías
judiciales y protección judicial….”
Hoy la violencia se concentra nuevamente contra Santa Cruz,
las ha planificado la intervención castrochavista y las ejecuta el gobierno que
manipula la fuerza pública y grupos civiles a los que denomina movimientos
sociales, la versión de los grupos paramilitares de la dictadura de Cuba con
que ataca a la población indefensa que pide “Patria y Vida” desde el 11 de
Julio 2021, los colectivos de la dictadura de Venezuela y los sandinistas de la
dictadura de Nicaragua. La movilización de civiles para violar derechos humanos
es parte del terrorismo de Estado. La agravante es que proceden de zonas *controladas
por el narcotráfico, de las federaciones de coca ilegal y productores de
cocaína de las que es jefe Evo Morales y con las que han convertido a Bolivia
en Narcoestado.
Se está perpetrando en Bolivia lo que el régimen considera
el “ataque final para someter a Santa Cruz” y son violaciones infraganti a los
derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.
Abogado y Politólogo. Director del Interamerican
Institute for Democracy.
Opinión y Analisis.
ANN Noticias.
