La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha leído su veredicto contra Bolivia por múltiples violaciones de derechos humanos que involucran a 26 personas involucradas en el caso Blas Valencia de 2001.

El 14 de diciembre de 2001, un grupo armado atacó el automóvil de Prosegur, matando a dos policías y un civil, con la intención de sustraer $385.000. La investigación reveló que el líder del clan en ese momento era el coronel Bras de Valencia y otros 16 miembros, entre ellos un mayor de policía, un exmilitar, exmilitares, ciudadanos peruanos y algunos de sus familiares. 

En 2003, un juez condenó al ex uniformado a 30 años de prisión sin libertad condicional. En la madrugada del 18 de diciembre de 2001, una operación policial fuertemente armada allanó violentamente varias propiedades, algunas sin orden judicial, presumiblemente para arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en el robo. Durante y después de estas operaciones, 26 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, fueron torturadas y maltratadas en diversos niveles. Durante este proceso, una persona falleció por falta de atención médica y otra perdió un brazo.

Un tribunal estadounidense encontró culpable al Estado boliviano de violencia policial durante allanamientos y detenciones, presentándolos como delincuentes ante los medios sin comparecer ante el tribunal, actos de tortura sexual, aislamiento prolongado de presos y malas condiciones carcelarias. , actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Bolivia debe pagar US$786.000 en concepto de indemnización por las 26 personas afectadas, así como cumplir con otras obligaciones, tales como: realizar las gestiones necesarias para revisar la Sentencia No. 16 de mayo de 2003. 12/2003; proseguir y culminar las investigaciones y procesos penales correspondientes en un plazo razonable para enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables de torturar y hostigar a las víctimas; brindar a las víctimas el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico necesario; desarrollar e implementar capacitaciones en derechos humanos y protocolos para la administración e investigación de casos de abuso sexual de niños, niñas y jóvenes y la creación de un mecanismo que permita el restablecimiento de procesos judiciales.

La sentencia fue leída y anunciada esta mañana en presencia del fiscal general Wilfredo Chávez, y debe cumplirse en el plazo de un año.

Sucre.

ANN Noticias.