En una entrevista concedida al programa televisivo Buenas Noches Santa Cruz, el ex parlamentario Víctor Hugo Velasco I lanzó una polémica iniciativa: la creación de una Ley de Estafa Electoral, destinada a sancionar con cárcel a los políticos que no cumplan las promesas realizadas durante sus campañas.
🔎 La propuesta
Velasco planteó que las ofertas electorales deben dejar de ser simples discursos de campaña y convertirse en compromisos jurídicamente vinculantes. Según su visión, el incumplimiento de estas promesas constituiría una forma de fraude hacia la ciudadanía, mereciendo sanciones penales.
“El voto, la estafa electoral, debe castigarse, porque a todos estos delincuentes que juegan con el sentimiento de la clase popular, de esas mujeres, de esos ancianos, deben ser castigados y encarcelados por haber estafado electoralmente”, afirmó durante la entrevista.
🏛️ Contexto político
El ex parlamentario vinculó su propuesta con el debate sobre las autonomías departamentales y el modelo de distribución de recursos. Recordó las luchas históricas de Santa Cruz por mayor autonomía y criticó lo que considera retrocesos en el acuerdo del “50/50” en la devolución de impuestos, un tema que ha generado tensiones entre el gobierno central y las regiones productoras.
Velasco evocó además los cabildos realizados en distintos departamentos, destacando la importancia de que las autonomías se traduzcan en beneficios tangibles para la población y no en promesas incumplidas.
⚖️ Alcance de la Ley
El proyecto, según explicó, tendría aplicación en municipios, gobernaciones y el Gobierno central, obligando a que los planes de gobierno registrados ante el Tribunal Supremo Electoral no sean meros requisitos formales, sino compromisos exigibles. Velasco insistió en que el TSE debería “patentar y judicializar” dichos planes, garantizando su cumplimiento.
📌 Reacciones y debate
La propuesta abre un debate complejo en el ámbito jurídico y político:
¿Es viable sancionar penalmente el incumplimiento de promesas electorales?
¿Cómo se definiría qué constituye una “promesa incumplida” frente a cambios de contexto económico o social?
¿Podría esta ley fortalecer la confianza ciudadana o, por el contrario, limitar la libertad de acción de los gobiernos?
Lo cierto es que la iniciativa de Velasco pone sobre la mesa una discusión recurrente en la política boliviana: la distancia entre las promesas de campaña y la realidad de la gestión pública.
📰 Conclusión
La llamada “Ley de Estafa Electoral” es, por ahora, una propuesta en construcción. Sin embargo, su sola mención ya genera controversia y despierta expectativas en sectores que reclaman mayor responsabilidad y transparencia de sus autoridades. El debate sobre su viabilidad jurídica y política promete ocupar espacio en la agenda pública en los próximos meses.
Santa Cruz.
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