*Por: Carlos SĂĄnchez Berzain
El “terrorismo de Estado” es “la comisiĂłn de delitos desde el gobierno con el propĂłsito de producir miedo o terror en la poblaciĂłn civil para detentar el poder produciendo comportamientos que de otra manera no se producirĂan”. Estos crĂmenes son comunes y de lesa humanidad, pero todos agravados por la posiciĂłn de poder.
La utilizaciĂłn del sistema de justicia por las dictaduras para imponer miedo y someter a la poblaciĂłn no es nueva, pero no era previsible para el siglo XXI. La dictadura de Cuba desde su acceso al gobierno en 1959 estableciĂł los fusilamientos como mĂ©todo de terror para detentar el poder. Muchos de los fusilamientos se produjeron por Ăłrdenes directas del dictador Castro y otros tuvieron juzgamientos apĂłcrifos como la “causa 829 de 1960″ que se considera un enjuiciamiento masivo por la cantidad de encausados y condenados.
Armando Valladares, preso polĂtico de la dictadura de Cuba por cerca de 23 años y que luego de su liberaciĂłn fue Embajador de los Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, relata que al regresar al centro de reclusiĂłn luego de ser sentenciado a 30 años de cĂĄrcel fue recibido con aplausos por parte de los otros presos, porque solo habĂa dos clases de sentencias, la de fusilamiento y la de 30 años de prisiĂłn y Ă©l habĂa salvado la vida.
En los 63 años de dictadura castrista en Cuba, el sistema de justicia siempre ha sido una rama del oprobio y del terrorismo de Estado, los llamados jueces son funcionarios de la dictadura que cumplen Ăłrdenes. Lo notable es que la dictadura de Cuba se ha expandido en el siglo XXI convirtiendo el castrismo en castrochavismo o socialismo del siglo XXI con el mismo contenido y ha establecido dictaduras -con su misma metodologĂa- en Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Ahora, la dictadura de Cuba aplica el terrorismo de Estado desde su sistema de justicia con cientos de sentencias atroces contra los ciudadanos inocentes detenidos por las protestas del 11 de Julio 2021 con penas de hasta 20 años de prisión.
La dictadura de Nicaragua con sus jueces infames ha condenado a un promedio de mĂĄs de diez años de cĂĄrcel a todos los candidatos de oposiciĂłn previamente apresados y decenas de lĂderes sociales y polĂticos.
La dictadura de Bolivia simulando independencia del poder judicial ha sentenciado a diez años de cĂĄrcel a la ex presidenta interina, militares, policĂas y ciudadanos. La dictadura de Venezuela acaba de condenar a 24 militares con penas de entre 7 y 15 años de prisiĂłn.
Ninguno de estos juicios esta fundado en hechos reales que puedan constituir delitos porque son narrativas falsificadas, falsedad de los hechos base de acusaciĂłn con la consiguiente falsificaciĂłn de la prueba. Todos y cada uno de estos procesos han violado la libertad de los acusados sometidos en la mayorĂa de los casos a tortura fĂsica y/o psicolĂłgica. Violaron la presunciĂłn de inocencia, la igualdad jurĂdica, el principio de imparcialidad del juez, el derecho de defensa, el debido proceso legal. Son linchamientos en que los acusados sufren indefensiĂłn y asesinato de su reputaciĂłn.
No son de procesos judiciales, son crĂmenes de lesa humanidad cometidos por grupos delictivos organizados. Sus sentencias son nulas de pleno derecho y los autores deben ser acusados y condenados por la justicia universal. No es un tema de justicia sino de dictadura.
*Abogado y PolitĂłlogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.
Opinion y Analisis.
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