En Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua el tema no es la justicia politizada, es la dictadura judicializada


En dictadura el sistema judicial forma parte impune del sistema de terrorismo de Estado que condena falsamente a los ciudadanos y da impunidad a los tiranos.

Los jueces y tribunales de CubaVenezuelaBolivia Nicaragua dictan sentencias sobre hechos falsificados, violando los derechos humanos, suprimiendo premeditadamente el debido proceso, ordenando detenciones indebidas y condenando inocentes a numerosos años de cĂĄrcel para causar miedo en la poblaciĂłn y someterla a los detentadores del poder. Estos “crĂ­menes de lesa humanidad” contra inocentes en “situaciĂłn de indefensiĂłn” no son el daño de una “justicia politizada” sino vĂ­ctimas de la “dictadura judicializada”, en la que el seudo poder judicial es solo una rama de la represiĂłn y del “terrorismo de Estado”.

Urge distinguir entre una justicia influida e incluso bajo control del poder polĂ­tico que se denomina justicia politizada y la seudo justicia de una dictadura. Es la distinciĂłn fundamental entre una anomalĂ­a en el sistema de separaciĂłn e independencia los poderes pĂșblicos y el control total del poder que incluye a los jueces. Se trata de la diferencia entre democracia y dictadura, porque en democracia pueden haber malos y peores jueces por corrupciĂłn o por influencia polĂ­tica pero hay mecanismos para juzgarlos, sancionarlos y corregir sus prevaricaciones, lo que no sucede en dictadura donde estos forman parte impune del sistema de terrorismo de Estado que condena falsamente a los ciudadanos y da impunidad a los tiranos.

El “terrorismo de Estado” es “la comisiĂłn de delitos desde el gobierno con el propĂłsito de producir miedo o terror en la poblaciĂłn civil para detentar el poder produciendo comportamientos que de otra manera no se producirĂ­an”. Estos crĂ­menes son comunes y de lesa humanidad, pero todos agravados por la posiciĂłn de poder.

La utilizaciĂłn del sistema de justicia por las dictaduras para imponer miedo y someter a la poblaciĂłn no es nueva, pero no era previsible para el siglo XXI. La dictadura de Cuba desde su acceso al gobierno en 1959 estableciĂł los fusilamientos como mĂ©todo de terror para detentar el poder. Muchos de los fusilamientos se produjeron por Ăłrdenes directas del dictador Castro y otros tuvieron juzgamientos apĂłcrifos como la “causa 829 de 1960″ que se considera un enjuiciamiento masivo por la cantidad de encausados y condenados.


Armando Valladares, preso polĂ­tico de la dictadura de Cuba por cerca de 23 años y que luego de su liberaciĂłn fue Embajador de los Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, relata que al regresar al centro de reclusiĂłn luego de ser sentenciado a 30 años de cĂĄrcel fue recibido con aplausos por parte de los otros presos, porque solo habĂ­a dos clases de sentencias, la de fusilamiento y la de 30 años de prisiĂłn y Ă©l habĂ­a salvado la vida.


En los 63 años de dictadura castrista en Cuba, el sistema de justicia siempre ha sido una rama del oprobio y del terrorismo de Estado, los llamados jueces son funcionarios de la dictadura que cumplen Ăłrdenes. Lo notable es que la dictadura de Cuba se ha expandido en el siglo XXI convirtiendo el castrismo en castrochavismo o socialismo del siglo XXI con el mismo contenido y ha establecido dictaduras -con su misma metodologĂ­a- en VenezuelaBolivia Nicaragua.

Ahora, la dictadura de Cuba aplica el terrorismo de Estado desde su sistema de justicia con cientos de sentencias atroces contra los ciudadanos inocentes detenidos por las protestas del 11 de Julio 2021 con penas de hasta 20 años de prisiĂłn.


La dictadura de Nicaragua con sus jueces infames ha condenado a un promedio de mĂĄs de diez años de cĂĄrcel a todos los candidatos de oposiciĂłn previamente apresados y decenas de lĂ­deres sociales y polĂ­ticos.

La dictadura de Bolivia simulando independencia del poder judicial ha sentenciado a diez años de cĂĄrcel a la ex presidenta interina, militares, policĂ­as y ciudadanos. La dictadura de Venezuela acaba de condenar a 24 militares con penas de entre 7 y 15 años de prisiĂłn.


Ninguno de estos juicios esta fundado en hechos reales que puedan constituir delitos porque son narrativas falsificadas, falsedad de los hechos base de acusaciĂłn con la consiguiente falsificaciĂłn de la prueba. Todos y cada uno de estos procesos han violado la libertad de los acusados sometidos en la mayorĂ­a de los casos a tortura fĂ­sica y/o psicolĂłgica. Violaron la presunciĂłn de inocencia, la igualdad jurĂ­dica, el principio de imparcialidad del juez, el derecho de defensa, el debido proceso legal. Son linchamientos en que los acusados sufren indefensiĂłn y asesinato de su reputaciĂłn.


No son de procesos judiciales, son crĂ­menes de lesa humanidad cometidos por grupos delictivos organizados. Sus sentencias son nulas de pleno derecho y los autores deben ser acusados y condenados por la justicia universal. No es un tema de justicia sino de dictadura.


*Abogado y PolitĂłlogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.


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