Por: Victor Hugo Velasco I.
En las últimas semanas, una serie de denuncias han puesto de manifiesto la alarmante situación de los recursos naturales en nuestro país. La devastación de nuestros ecosistemas, causada por la explotación desmedida y la falta de supervisión adecuada, ha generado un clamor generalizado: ¡basta de la destrucción! Este grito resuena no solo en las comunidades afectadas, sino también en organizaciones ambientales y ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro entorno.
Las instituciones que deberían velar por la conservación y uso sostenible de nuestros recursos naturales, como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), y los ministerios de Aguas y Desarrollo Sostenible, parecen haber estado ausentes. La pregunta que muchos se hacen es: ¿dónde están? La falta de acción contundente para frenar esta devastación plantea serias dudas sobre la eficacia y el compromiso de estas entidades.
Los ecosistemas, que son vitales no solo para la biodiversidad, sino también para las comunidades que dependen de ellos, están siendo desmantelados a un ritmo alarmante. La minería ilegal, la tala indiscriminada y la expansión de la frontera agrícola sin regulaciones efectivas han llevado a la pérdida irreversible de bosques, suelos fértiles y cuerpos de agua. La contaminación resultante no solo amenaza la flora y fauna local, sino también la salud de miles de personas que viven en estas áreas.
La impunidad con la que operan muchos de los responsables de estos crímenes ambientales es desconcertante. Las leyes existentes son insuficientes y, en muchos casos, no se aplican. Este vacío normativo permite que quienes destruyen nuestro patrimonio natural lo hagan sin miedo a enfrentar consecuencias. Es aquí donde el papel del sistema judicial, particularmente del Juzgado Agroambiental, se vuelve crucial. La justicia debe ser la respuesta ante esta crisis, y es imperativo que los responsables y sus cómplices enfrenten las consecuencias de sus actos.
La voz de la sociedad civil se ha alzado enérgicamente, exigiendo que se tomen medidas inmediatas y efectivas. Las movilizaciones y protestas son una muestra de que el pueblo ya no se queda callado ante la destrucción de su entorno. La gobernación y los municipios deben actuar, colaborando con las entidades correspondientes para garantizar la protección de los recursos naturales.
En este contexto, es esencial promover un cambio de paradigma. La protección de nuestros ecosistemas debe ser prioritaria, y para ello es fundamental que las instituciones no solo cumplan su función de vigilancia, sino que también trabajen en conjunto con la ciudadanía. La educación ambiental y la concienciación son herramientas clave para crear un futuro sostenible.
El momento de actuar es ahora. La justicia ambiental no puede esperar más. La responsabilidad recae no solo en las instituciones, sino en cada uno de nosotros. Solo a través de un esfuerzo colectivo podremos detener la destrucción y asegurar un legado natural para las futuras generaciones. ¡Es hora de que nuestros recursos sean valorados y protegidos, y que quienes los destruyen rindan cuentas!
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Victor Hugo Velasco es presidente de la A.BB.DD.HH.
Opinión y Análisis.
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