En entrevista a medios locales de comunicación. El presidente de la Asciación Boliviana de Derechos Humanos, Victor Hugo Velasco I, se pronuncia sobre la actual situación de ex autoridades de oposición que son objeto de juicios cuestinados y promovidos por el Régimen Masista. Velasco cree que la tensión entre el respeto a los derechos humanos y la política se encuentra en un punto crítico.
En un país donde la normativa jurídica establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, el caso de la expresidenta Jeanine Áñez ha desatado un debate candente sobre la legalidad y la justicia.
Desde el inicio de su detención, numerosos analistas han señalado que la situación de Áñez, quien cumple una condena de 10 años, refleja una “tramoya política”. A pesar de contar con derechos legales, incluyendo la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, su caso ha sido objeto de controversia. La Asociación Boliviana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por lo que considera violaciones sistemáticas a los derechos de Áñez y otros líderes políticos como Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, a quienes consideran “presos políticos”.Declaró Victor Hugo Velasco.
Tanto, Camacho y Pumari, han denunciado el uso del sistema judicial como herramienta de represión política, argumentando que no han tenido acceso a un debido proceso. Las condiciones de su detención, que incluyen aislamiento y falta de comunicación, han sido calificadas de “secuestrados” por sus defensores. En este contexto, los organismos internacionales de derechos humanos han comenzado a intervenir, y se espera que sus apelaciones sean evaluadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un elemento crucial en este debate es la comparación con el tratamiento que ha recibido el expresidente Evo Morales, quien, a pesar de las acusaciones en su contra, ha evadido el mismo nivel de escrutinio. Velasco ha señalado que la impunidad en su caso contrasta drásticamente con el encarcelamiento de figuras opositoras, lo que evidencia una clara falta de imparcialidad en el sistema judicial.
"La hija de Áñez ha sido una de las pocas voces que ha solicitado apoyo a organizaciones de derechos humanos, evidenciando una falta de representación adecuada para su madre y otros líderes políticos".Aclaro el activista pro derechos humanos. Mientras tanto, los plazos legales para su defensa se agotan, y el clamor por una justicia equitativa crece. La situación se vuelve aún más compleja con el creciente descontento social en Santa Cruz, donde los ciudadanos también han comenzado a cuestionar las decisiones del gobierno actual.
El futuro de estos casos parece estar entrelazado con la estabilidad política del país. La posibilidad de medidas alternativas a la prisión preventiva se presenta como una salida temporal, aunque los defensores de los derechos humanos insisten en la necesidad de un reconocimiento público de los errores judiciales cometidos. Sin embargo, la falta de confianza en el sistema judicial de Bolivia plantea un desafío significativo para quienes buscan justicia.
La comunidad internacional observa con atención, y los próximos pasos que tomen los tribunales bolivianos podrían tener repercusiones no solo en el ámbito político interno, sino también en la imagen de Bolivia ante el mundo en términos de derechos humanos. La necesidad de un diálogo constructivo y una revisión del marco legal se hacen cada vez más urgentes, ya que la historia política del país continúa marcada por la polarización y el conflicto. Concluyó Velasco.
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