Carlos Sánchez Berzaín entrevistado en "Contraparte Bolivia" por Edwing Castro Poma: La situación política en Bolivia refleja la consolidación de un modelo de “dictadura electoralista”, una característica común en los regímenes del socialismo del siglo XXI. Este modelo, liderado históricamente por Cuba y Venezuela, perpetúa a los gobernantes en el poder bajo una fachada de elecciones manipuladas. En Bolivia, los procesos electorales han sido sistemáticamente intervenidos para garantizar la permanencia de un sistema dictatorial que concentra todos los poderes, elimina la independencia de las instituciones y sofoca las voces disidentes. El caso más reciente, las elecciones judiciales, evidencia cómo este esquema manipula a los jueces y convierte al poder judicial en una herramienta de persecución política y represión social.
Este modelo dictatorial no es exclusivo de Bolivia. En Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo han encarcelado y exiliado a opositores, asegurando su reelección mediante fraudes descarados. Venezuela, bajo el mando de Nicolás Maduro, ha enfrentado denuncias similares, con elecciones plagadas de irregularidades y una creciente represión estatal. Bolivia sigue este patrón con la elección de 2020, utilizando un padrón electoral adulterado y un sistema diseñado para evitar la alternancia democrática. Estos ejemplos muestran cómo el socialismo del siglo XXI utiliza las elecciones no para promover la democracia, sino para legitimar su permanencia indefinida.
En Bolivia, la situación es aún más grave debido a la connivencia entre el régimen y el narcotráfico. El país se ha convertido en un narcoestado. Además, se han entregado recursos estratégicos como el litio y el oro a potencias extranjeras, como China y Rusia, sin consideración por el interés nacional. Esta entrega ha devastado los recursos naturales, envenenado el medio ambiente y destruido parques nacionales que eran un orgullo del país. Estas acciones no solo despojan al pueblo boliviano de su patrimonio, sino que también consolidan el control extranjero sobre su territorio.
La represión no se limita a lo político; el sistema judicial se ha transformado en un mecanismo de terror. Los jueces, calificados como “sicarios judiciales”, persiguen y encarcelan a opositores bajo órdenes directas del régimen. En Bolivia, más de 320 presos políticos son evidencia de un sistema que utiliza el miedo como herramienta de control. Este "terrorismo de Estado" busca someter a la población mediante torturas, encarcelamientos arbitrarios y asesinatos encubiertos. Esta estrategia no es nueva; es una táctica probada en regímenes similares como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde los derechos humanos son sistemáticamente violados.
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