La crisis interna del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha alcanzado un nuevo punto de tensión con la reciente denuncia de supuestas negociaciones ilegales para acceder a senaturías y diputaciones en la futura Asamblea Legislativa. Según la acusación presentada por el PDC, el delegado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roberto Castro Peñaranda, y la secretaria de Comunicación, Sandra Rivero, habrían utilizado sus posiciones estratégicas para asegurar candidaturas para sus familiares.
Este escándalo surge tras la expulsión y desconocimiento de ambos dirigentes del partido, en un intento de limpiar la estructura interna de lo que dirigentes han calificado como una red de intereses personales. De acuerdo con Víctor Hugo Velasco, delegado alterno del PDC, estos movimientos habrían sido facilitados con la presunta implicación de algunos funcionarios del Tribunal Supremo Electoral.
"JOSÉ ROBERTO CASTRO PEÑARANDA
DELEGADO TITULAR SUSPENDIDO POR EL PDC
SANDRA RIVERO MALDONADO
SECRETARIA DE COMUNICACION
LLENARON LAS LISTAS CON SUS FAMILIARES A CAMBIO DEL APOYO A RODRIGO PAZ PEREIRA VIOLANDO LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
PDC"
La denuncia cobra fuerza luego de que Velasco fuera impedido de inscribir al candidato presidencial del PDC, Chi Hyun Chung, en lo que algunos interpretan como una maniobra de bloqueo político. “Aquí no se está respetando la democracia ni la independencia de las instituciones”, declaró Velasco, quien exige una investigación inmediata sobre los hechos.
En una lista proporcionada por el PDC, figuran los nombres de familiares de los exmilitantes involucrados, lo que alimenta las sospechas sobre la existencia de acuerdos clandestinos que habrían pervertido el proceso de selección de candidatos dentro del partido.
Este caso plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral y la integridad de los actores políticos que participan en él. En un contexto de creciente desconfianza en las instituciones democráticas, el PDC se enfrenta ahora al desafío de recuperar su credibilidad ante sus militantes y la ciudadanía.
Las autoridades pertinentes aún no han emitido un pronunciamiento oficial, pero la presión sobre el Tribunal Supremo Electoral aumenta conforme más miembros del PDC exigen una investigación que esclarezca el presunto tráfico de influencias que ha puesto en entredicho la legitimidad de las candidaturas dentro del partido.
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La Paz.
ANN Noticias.
