La Asociación Boliviana de Derechos Humanos (A.B.D.D.HH.), bajo la presidencia de Víctor Hugo Velasco I, ha recibido una denuncia formal contra el personal policial de la Universidad Policial “Mariscal Antonio José de Sucre” (UNIPOL) por presuntos actos de discriminación y vulneración de derechos fundamentales. La denuncia está centrada en un reglamento que, según los denunciantes, constituye un mecanismo de exclusión y arbitrariedad, afectando de manera grave el acceso a programas educativos de postgrado para los funcionarios de la Policía Boliviana.
El Origen del Conflicto: El Reglamento de Postulación de 2021
El conflicto se remonta a 2021, cuando se implementó un reglamento de postulación a programas de postgrado de la UNIPOL, impulsado por el entonces Director Nacional de Instrucción y Enseñanza de la Policía Boliviana, Coronel Desp. Augusto Juan Russo Sandoval. En colaboración con otros altos oficiales, como el Coronel Desp. José Pavel Álvarez Salvatierra y el Coronel Desp. Germán Arciénega Tito, Russo Sandoval creó un reglamento que, según los denunciantes, no solo carece de base legal, sino que constituye una clara forma de discriminación.
El Contenido del Reglamento: Exclusión y Abuso de Autoridad
El reglamento en cuestión establece requisitos que, según los denunciantes, son ilegales e inconstitucionales. Mientras que la Constitución Política del Estado y otras normativas del Sistema Educativo Plurinacional garantizan el acceso a la educación superior sin discriminación, el reglamento de la UNIPOL introduce pruebas físicas y exámenes intelectuales para acceder a los programas de postgrado. Esto, afirman los denunciantes, crea un sistema excluyente, donde solo aquellos policías que logren cumplir con criterios arbitrarios establecidos por ciertos mandos superiores podrían acceder a la formación de postgrado, mientras que muchos otros quedarían fuera sin justificación.
La Discriminación a los Funcionarios Policiales
De acuerdo con la A.B.D.D.HH., este reglamento no solo contraviene la normativa educativa vigente, sino que también atenta contra los derechos de los funcionarios policiales. El derecho a la educación, especialmente a la formación académica continua, es un derecho consagrado en varias leyes bolivianas, como la Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y el Reglamento de Convocatoria a Exámenes de Ascenso. Sin embargo, el reglamento en cuestión altera la naturaleza de la educación policial al convertir un derecho universal en una concesión sujeta a criterios personales de los oficiales superiores.
Además, se señala que el reglamento fue diseñado de manera apresurada y sin un análisis exhaustivo que tomara en cuenta los aspectos legales, humanos y sociales, lo que ha dado lugar a una serie de denuncias por vulneración de derechos, además de un sentimiento generalizado de inseguridad y miedo dentro de la institución.
La Resistencia y la Ilegalidad del Reglamento
La A.B.D.D.HH. sostiene que el reglamento vulnera gravemente la normativa boliviana, por lo que se le considera ilegal e injusto. En su denuncia, se argumenta que la UNIPOL, al estar afiliada al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), debe cumplir con sus políticas y estatutos, lo que implica que no puede exigir pruebas físicas ni exámenes de admisión para los programas de postgrado. En cambio, los requisitos deben ser de carácter documental, según lo establecido por la CEUB.
Lo más preocupante, según los denunciantes, es que este reglamento ha sido impuesto de manera autoritaria, sin considerar las consecuencias que tendría sobre la institución y sobre los propios funcionarios policiales. Se acusa a los oficiales responsables de elaborar el reglamento de hacerlo con “dolo”, es decir, con la intención deliberada de perjudicar a sectores de la Policía Boliviana, particularmente a los jefes y oficiales, favoreciendo a otros grupos dentro de la jerarquía.
Un Contexto de Abuso y Represión
La denuncia también señala el clima de represión y temor que se vive dentro de la Policía Boliviana, donde los funcionarios se sienten amordazados, amenazados y vulnerados en sus derechos. La situación de los oficiales que han sido excluidos de los cursos de postgrado y la imposición de pruebas arbitrarias ha generado un ambiente de desconfianza en las decisiones tomadas por la cúpula de la Policía.
Los denunciantes argumentan que este tipo de medidas no solo afectan a los funcionarios policiales individualmente, sino que también tienen un impacto negativo sobre sus familias y el bienestar de la institución en su conjunto. Este panorama de abuso e injusticia, según la denuncia, tiene como trasfondo un intento de concentración del poder y de mantener un control estricto sobre la educación y formación dentro de la Policía Boliviana.
El Futuro de la Denuncia
Ante la gravedad de los hechos expuestos, la A.B.D.D.HH. ha solicitado una revisión de este reglamento y la adopción de medidas legales que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de los policías. Además, se espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para evitar que este tipo de regulaciones inconstitucionales sigan afectando el acceso a la educación de los miembros de la Policía Boliviana.
La denuncia de discriminación contra la UNIPOL sigue en desarrollo y pone en evidencia la tensión existente entre los derechos laborales y educativos de los funcionarios policiales y las decisiones de quienes ocupan altos cargos dentro de la institución. En medio de este conflicto, la sociedad espera una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades pertinentes, a fin de salvaguardar la justicia y la equidad en el acceso a la educación para todos los bolivianos, sin importar su jerarquía o cargo.
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