La ciudad de El Alto vuelve a ser escenario de una denuncia que pone en tela de juicio el accionar del sistema judicial boliviano. Viviana Carmen Murua Yujra, madre de Jhoneymi Dali Lopez Murua, una joven presuntamente víctima de trata, tráfico y violación, ha elevado una carta formal a la Asociación Boliviana de Derechos Humanos solicitando su intervención ante lo que califica como una grave omisión de deberes por parte de fiscales encargados del caso.
La misiva, dirigida al presidente de la Asociación, Dr. Victor Hugo Velasco I., expone una serie de irregularidades que, según la denunciante, han obstaculizado el avance de la investigación en la etapa preparatoria. El documento señala directamente al fiscal de delitos sexuales de El Alto, Dr. Edwin Boris Enriquez Mercado, por negarse a emitir requerimientos solicitados por el investigador del caso y la abogada de la familia.
📌 Una peregrinación por justicia
Han transcurrido casi tres semanas desde que la familia de Jhoneymi inició gestiones para obtener una orden de allanamiento del domicilio donde la joven habría sido secuestrada y vejada sexualmente. Sin embargo, según Murua Yujra, el fiscal Enriquez Mercado se niega a emitir dicha orden, argumentando que el caso fue aperturado por otra división, específicamente la de trata y tráfico, y que por tanto no le corresponde actuar.
La situación se agrava con el hecho de que, según la denuncia, la hija del imputado habría retirado arbitrariamente el precinto del lugar de los hechos, ingresando al domicilio para retirar pertenencias y, presumiblemente, pruebas del delito. Este acto, que podría constituir una obstrucción a la justicia, no ha sido atendido con la celeridad que el caso amerita.
🧭 Confusión jurisdiccional y falta de coordinación
El caso pone en evidencia una preocupante falta de coordinación entre divisiones fiscales. Mientras el fiscal de delitos sexuales se deslinda de responsabilidad, indicando que la orden debe ser emitida por la división de trata y tráfico, la familia de la víctima se encuentra atrapada en un limbo institucional que retrasa el acceso a justicia.
Este tipo de dilaciones no solo vulneran el derecho de la víctima a una investigación pronta y eficaz, sino que también generan un clima de desconfianza en el sistema judicial. “Solo pido justicia pronta para mi hija, ya que ella no es la única víctima de este agresor”, concluye la madre en su carta.
⚖️ Llamado urgente a Derechos Humanos
La Asociación Boliviana de Derechos Humanos, siempre comprometida con la defensa de las víctimas de violencia y la promoción de garantías constitucionales, ha sido convocada para mediar en este caso. La familia espera que la intervención del Dr. Velasco contribuya a destrabar el proceso y garantizar que se cumplan los protocolos de investigación.
Este caso se suma a una serie de denuncias que han surgido en los últimos años sobre la actuación de fiscales en casos de violencia sexual y trata de personas. La falta de respuesta institucional, la burocracia judicial y la revictimización de las denunciantes son temas recurrentes que exigen reformas profundas y una revisión crítica del sistema.
🔍 Un caso que interpela al Estado
La denuncia de Viviana Murua no solo busca justicia para su hija, sino que interpela al Estado boliviano en su conjunto. ¿Qué garantías existen para las víctimas de violencia sexual? ¿Qué mecanismos de control supervisan el accionar de los fiscales? ¿Qué consecuencias enfrentan los funcionarios que incumplen sus deberes?
Mientras estas preguntas siguen sin respuesta, la familia de Jhoneymi continúa su lucha, aferrada a la esperanza de que la verdad prevalezca y que el sistema judicial actúe con la diligencia que la gravedad del caso exige.
Este caso, aún en desarrollo, será seguido de cerca por medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía, que exige un sistema judicial transparente, eficiente y comprometido con la protección de las víctimas.
Justicia.
La Paz – El Alto.
ANN Noticias.
