San Julián vuelve a estar en el ojo del huracán tras un nuevo caso de avasallamiento de propiedad. Esta vez, la víctima es Paulina Merlos Aiza, una anciana de 84 años que ha sido brutalmente desalojada de su vivienda en la Comunidad Villa Cotoca, Parcela 26, en el municipio de San Julián, Santa Cruz.
Según la denuncia presentada por su abogado, Jacobo Rodríguez, el principal acusado del despojo sería el hijastro de la víctima, un ciudadano argentino que, tras llegar al país, habría organizado la toma del terreno junto con un grupo de aproximadamente 50 personas. Estas personas, presuntamente contratadas para ejecutar el desalojo, habrían recurrido a la violencia extrema, golpeando no solo a la anciana sino también a niños indefensos que se encontraban en la propiedad.
Desde el fallecimiento de su esposo, con quien trabajó y habitó en esas tierras por más de 25 años, Merlos ha enfrentado una incansable lucha por recuperar lo que le pertenece. Sin embargo, hasta la fecha, ni las autoridades locales ni el sistema judicial han brindado una solución efectiva. Según su abogado, el juez de San Julián habría dictado una resolución apresurada, trasladando el caso a la justicia indígena originaria campesina, a pesar de que la Ley 073 no es aplicable a extranjeros.
Velasco compromete seguimiento y asesoramiento legal a la victima
El caso ha tomado un matiz aún más preocupante debido a la aparente complicidad de dirigentes comunitarios, quienes, según la denuncia, en lugar de proteger a la víctima han favorecido a los agresores. Frente a esta indefensión, Merlos ha acudido a la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, encabezada por Víctor Hugo Velasco, en busca de apoyo.
Velasco ha manifestado su indignación por la falta de intervención de la Alcaldía de San Julián, que cuenta con una oficina destinada a la defensa de ancianos y mujeres en situación vulnerable. "Solicitaremos un informe oficial a través de un diputado para que el alcalde explique por qué no se ha brindado la protección necesaria, no solo a la anciana sino también a los niños que fueron golpeados durante el avasallamiento", señaló Velasco.
Asimismo, anunció que, en caso de que no se pronuncie el juzgado de San Julián sobre el amparo constitucional presentado, se activarán mecanismos legales para garantizar el derecho de Merlos a recuperar su vivienda. "Si es necesario, solicitaremos el desapoderamiento por la fuerza pública y recurriremos al comandante departamental y al fiscal general", puntualizó.
Mientras tanto, Paulina Merlos Aiza sigue peregrinando en busca de justicia, con la esperanza de recuperar su hogar y poner fin a la pesadilla que ha vivido durante más de un año.
Justicia, regional.
Santa Cruz.
ANN Noticias.
