La creciente ola de crímenes y ajustes de cuentas que afecta a Bolivia ha puesto en evidencia las falencias del sistema de seguridad del país. Víctor Hugo Velasco, presidente de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos (ABDH), se ha pronunciado sobre la alarmante situación en varias entrevistas con medios de comunicación en Santa Cruz. Velasco denuncia que la violencia, a menudo ligada al narcotráfico y la delincuencia organizada, ha escalado en varias regiones, poniendo en peligro la tranquilidad de la población.
La Proliferación de las Mafias Internacionales
Velasco señala que el crecimiento del crimen en Bolivia está relacionado con la proliferación de mafias internacionales que han hecho del país un punto estratégico para sus actividades ilícitas. Según su análisis, no solo las mafias colombianas, brasileñas y peruanas han encontrado terreno fértil en el país, sino también otras organizaciones, como la mafia italiana, que han expandido su influencia en diferentes regiones, especialmente en el oriente boliviano.
“El ingreso de estos grupos está directamente vinculado con el narcotráfico. Vemos como la violencia se incrementa en regiones como San Ignacio de Velasco, donde los asesinatos, secuestros y torturas son cada vez más comunes”, sostiene Velasco. A esta situación se suman los informes sobre la participación de miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en actividades delictivas, incluidos ex comandantes vinculados al tráfico de drogas.
La Corrupción en las Fuerzas de Seguridad
Una de las acusaciones más graves que Velasco hace es la penetración de mafias dentro de las instituciones encargadas de la seguridad del país, como la policía y las fuerzas antidrogas. En sus declaraciones, el líder de la ABDH menciona que no pocos oficiales de alto rango de la Policía Nacional se han visto involucrados en redes de corrupción, intercambiando drogas por vehículos robados, como lo han denunciado periodistas y expertos en investigaciones de robos internacionales.
La preocupación de Velasco es evidente cuando asegura que “la penetración de estas mafias en las instituciones encargadas de la seguridad debería ponernos en alerta. Si las máximas autoridades policiales están vinculadas al narcotráfico, la credibilidad de todo el sistema de justicia está en juego”.
La Inacción del Gobierno y la Policía
Velasco también critica la falta de acción efectiva del gobierno y las autoridades policiales para frenar el avance de la delincuencia organizada. A pesar de los esfuerzos por implementar tecnologías de vigilancia, como las cámaras de seguridad en las principales avenidas del país, el presidente de la ABDH denuncia que estas medidas han sido ineficaces o incluso obstruidas.
Además, recalca que en vez de centrarse en perseguir a los verdaderos criminales, las autoridades se han enfocado en “la persecución política”. En su opinión, el gobierno debe implementar un plan serio de seguridad y garantizar que las investigaciones en curso no se vean entorpecidas por funcionarios implicados en actos ilícitos.
La Inestabilidad en el Alto Mando
La crisis en el ámbito de la seguridad se ve reflejada en los cuestionamientos al general Aguilera, quien ha sido señalado en varias ocasiones por ejecuciones extrajudiciales, como las ocurridas durante el asalto a Las Américas, en las que varios civiles fueron asesinados. Según Velasco, Aguilera, junto con otros funcionarios de alto rango, debe ser apartado de sus funciones mientras duren las investigaciones, ya que su permanencia en el cargo podría obstaculizar el avance de los procesos judiciales.
“Es urgente que el Ministerio de Gobierno actúe con celeridad. Si existen investigaciones en curso, quienes estén comprometidos deben ser suspendidos temporalmente para evitar la obstrucción de las mismas”, insiste Velasco.
La Cruda Realidad en las Calles
La situación en algunas zonas del país, como el Chapare y San Ignacio de Velasco, donde se han reportado asesinatos, secuestros y ejecuciones, pone en evidencia la inoperancia de las autoridades para enfrentar la violencia que azota a la población. La constante amenaza de crimen organizado, en especial en zonas fronterizas, ha dejado a los ciudadanos viviendo con temor. “La gente vive con Jesús en la boca, nunca sabe si al salir de su casa va a regresar”, comenta Velasco, quien resalta que las víctimas de estos crímenes son, en su mayoría, personas de sectores vulnerables.
La Urgencia de una Respuesta Institucional
La crisis de seguridad en Bolivia exige una respuesta integral y coordinada entre el gobierno, las fuerzas del orden y el poder judicial. Velasco concluye que el Ministerio Público debe tomar las riendas de las investigaciones, sin interferencias ni obstrucciones, para esclarecer los crímenes y hacer justicia. También hace un llamado a los legisladores para que se involucren activamente en la creación de políticas públicas que garanticen la seguridad de la ciudadanía.
“Los diputados, senadores, y los miembros del Poder Judicial tienen la responsabilidad de actuar con prontitud para garantizar el libre ejercicio del derecho a la información y la seguridad de la población. Es imperativo que todos los actores del Estado se alineen para resolver esta crisis y restaurar la paz en Bolivia”, finaliza Velasco.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando una respuesta clara y efectiva por parte de las autoridades, quienes deben garantizar que la seguridad no siga siendo una de las grandes preocupaciones del pueblo boliviano.
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Santa Cruz.
ANN Noticias.
