En una nueva controversia que pone en tela de juicio la solidez del sistema electoral boliviano, el político Víctor Hugo Velasco ha lanzado fuertes cuestionamientos contra el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz por la entrega de credenciales de titularidad a concejales suplentes sin resolución vigente ni respaldo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Velasco calificó el acto como una “destitución disfrazada”, afirmando que se ha vulnerado la voluntad popular expresada en las urnas. “No se puede sorprender a la gente emitiendo credenciales a suplentes como si fueran titulares, sin un procedimiento legalmente establecido”, declaró. Recordó que, en su época como diputado nacional, siempre se respetaron los procedimientos normativos, incluida la prelación y la emisión de resoluciones oficiales por sala plena.
Vacíos legales y competencias cuestionadas
El corazón del conflicto reside en la falta de coordinación entre el TED cruceño y el TSE. Según Velasco, la sala plena del TSE no fue informada ni autorizó la entrega de estas credenciales, y, de hecho, manifestó públicamente su desconocimiento del hecho. Esto genera un vacío jurídico preocupante sobre la competencia real del TED para actuar sin aval nacional.
“La ley 1096 y el Código Electoral son claros sobre la tuición del TSE en la administración y supervisión de los resultados electorales”, señaló Velasco. En este contexto, cualquier modificación en la composición de un concejo municipal —especialmente la sustitución de autoridades electas por voto— debe pasar por instancias superiores.
Transfugio y disputas partidarias
Otro elemento relevante en la polémica es la figura del transfugio político. Velasco mencionó casos donde concejales han cambiado de partido sin renunciar a su curul, generando disputas internas. “Cuando un partido demuestra que su militante ahora representa a otro color político, puede iniciar un proceso de reposición, pero eso corresponde al TSE, no al TED”, enfatizó.
Preocupación por el respeto al sufragio
Para Velasco, el hecho de que un tribunal departamental actúe sin coordinación con su ente superior representa una grave amenaza para la institucionalidad y para los derechos políticos de los ciudadanos. “Estamos hablando de representantes electos por voto universal, no designados por cooperativas”, criticó. A su juicio, decisiones tomadas “entre cuatro paredes” violan tanto la Constitución Política del Estado como los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Conclusión
El caso evidencia tensiones crecientes dentro del sistema electoral boliviano y pone en evidencia una posible falta de controles efectivos sobre los tribunales departamentales. La población, por su parteLa observa con creciente escepticismo un proceso que debería garantizar la transparencia, la legalidad y, sobre todo, el respeto a la voluntad popular.
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Santa Cruz.
ANN Noticias.
