Por: Dr. Wilge Hugo Mendoza Miranda
El art. 25 de la Constitución Política del Estado trata sobre la inviolabilidad del domicilio, señalando que toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas y esta regla solo podrá ser franqueada en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada.
En un proceso penal, particularmente
cuando se inicia la investigación, se producen allanamientos con el propósito
de recolectar elementos de prueba necesarios para el esclarecimiento de la
verdad material de un hecho delictivo y es precisamente en esa etapa cuando se
cometen varios defectos que después son incidentados e incluso pueden acarrear
la exclusión probatoria, puesto que el núm. IV del art. 25 de la Constitución
expresamente señala que la información y la prueba obtenida con violación de
correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán
efecto legal.
El
art. 180 del CPP y sig., regula este instituto procesal y en primer término
marca una formalidad que no puede ser soslayada, la de aplicar las reglas del
registro previstas en el art. 174 del CPP, asimismo señala:
“Cuando el registro deba realizarse en un domicilio se requerirá resolución
fundada del juez y la participación obligatoria del fiscal.
Queda prohibido el allanamiento de domicilio o residencia particular en
horas de la noche, éste únicamente podrá efectuarse durante las horas hábiles
del día, salvo el caso de delito flagrante. Se entiende por horas de la noche
el tiempo comprendido entre las diecinueve horas y las siete del día siguiente”
Analizando
este artículo es preciso contar y como requisito básico que el allanamiento
sea:
·
Ordenado por un juez o tribunal a través de una
resolución fundamentada y la emisión posterior de un mandamiento.
·
El mandamiento deberá identificar la autoridad que
ejecutará el mismo, así como los horarios permitidos o habilitados. No es
posible que se practique el allanamiento en horarios después de las 19:00 P:M
ni antes de 07:00 A.M., salvo flagrancia que tiene otra naturaleza.
·
Indicación
precisa del lugar o lugares a ser allanados.
·
Identificará el motivo o la diligencia precisa por
la cual se ordena el ingreso al domicilio
·
En el acto de allanamiento necesariamente debe
participar el fiscal bajo sanción de nulidad.
·
Estará suscrito por la autoridad jurisdiccional y
el secretario del Juzgado.
·
La fecha del allanamiento, porque la cobertura de
la orden solo tendrá duración de 72 horas.
En todos los casos se notificara y entregara
una copia del mandamiento al que habite o se encuentre en posesión del lugar,
en su ausencia a un encargado o persona mayor que se halle en el lugar,
invitándole a presenciar el acto procesal; si el lugar se encuentra cerrado, no
se encuentra persona alguna o en caso de resistencia al ingreso, se hará uso de
la fuerza pública, puesto que la autoridad interventora tiene facultades
coercitivas como el arresto que no durará más de ocho horas;
pasado este término necesariamente.
En caso de allanamiento de oficinas estatales,
locales comerciales, de reunión o de esparcimiento abierto al público y que no
sean habitaciones familiares o estrictamente privadas, se podrá proceder al
allanamiento sin orden del juez competente y solo con el consentimiento de la
persona a cargo de estos locales, solo en caso de negativa se procederá con la
orden de allanamiento y auxilio de la fuerza pública.
En caso de allanamiento y registro de oficinas
del Estado, se precisará autorización del jefe o ejecutivo de la institución,
sin embargo, si se está practicando el allanamiento, quien dio la autorización
la niega o indica que la dio por coacción, corresponderá probar lo contrario a
quien ejecuta el allanamiento o el registro. Todo actuado deberá constar en un
acta. Podemos advertir de todo lo anterior que las exigencias para el
allanamiento de domicilio particular, habitación, comercio o dependencias
cerradas, son mucho más intensas que para las actuaciones en lugares públicos,
oficinas, etc. Por lo que consideramos que lo que el Código pretende es
resguardar derechos constitucionales del individuo tales como el derecho a la
intimidad, inviolabilidad de domicilio, evitando de esta manera que autoridades
policiales y fiscales practiquen allanamientos injustificados e irrazonables,
tan es así, que tratándose de allanamientos de domicilios, si en lugar se
encuentran objetos de una acción delictiva distinta a la que motivo el
allanamiento, la prueba o evidencia encontrada u obtenida no tendría valor
probatorio alguno, excepto si el fiscal demuestra, sin lugar a duda, que no
altero ni oculto la verdad para practicar el allanamiento.
Los excesos de la policía se dan cuando el
allanamiento se produce a oficinas profesionales como la de abogados que por
mandato de la Ley N° 387 que en su núm. 6 del art. 8 expresa la inviolabilidad
de su oficina y papeles, salvo orden judicial. O también los recintos,
residencias u oficinas de legaciones diplomáticas que por la
extraterritorialidad aún se encuentren en nuestro Estado no forman parte de
nuestra jurisdicción.
Sobre el autor
Wilge Hugo Mendoza
Miranda. Es licenciado en ciencias policiales y abogado. Consultor -
Investigador de la fundación Juntos por los Derechos Humanos.
Opinión y Análisis.
ANN Noticias.
