Por : Carlos Sánchez Berzaín.
Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia han
ejercido el poder impunemente durante décadas, violando los derechos humanos y
reprimiendo el clamor de libertad de sus pueblos, porque se sostienen en
gobiernos de países democráticos que respaldan sus narrativas, les brindan
apoyo financiero, encubren sus crímenes en organismos internacionales y someten
la política exterior de sus Estados. Es el caso flagrante de los gobiernos de
Lula en Brasil, Petro en Colombia y Sheinbaum en México, cuya violación de
normas fundamentales de obligado cumplimiento, exige la aplicación de sanciones
internacionales.
“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus
gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, así lo dice el artículo 1
de la Carta Democrática Interamericana y su artículo 2 manda: “El ejercicio
efectivo de la democracia representativa es el fundamento del Estado de derecho
y de los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización
de los Estados Americanos (OEA)”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH),
también conocida como Pacto de San José, recoge y explica los fundamentos de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y es de obligatorio cumplimiento.
Esta norma establece y amplía el “derecho a la vida, derecho a la seguridad
personal, prohibición de la esclavitud y la servidumbre, derecho a la libertad
personal, derecho al debido proceso legal, derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión, derecho a la nacionalidad, derecho a la libertad de circulación
y de residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley”, entre otros.
El Capítulo II de la CADH “Derechos Civiles y Políticos”,
Artículo 23, reconoce que la democracia es un derecho humano y mandata que los
ciudadanos tienen el Derecho a Participar en el Gobierno, declarando; “Todo
ciudadano gozará de los siguientes derechos y oportunidades: A. Participar en
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos; B. Votar y ser elegido en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y C. Tener
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país”.
El Estatuto de Roma, en su artículo 7, tipifica como
“Crímenes contra la Humanidad”: “el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la
deportación o el traslado forzoso de población, el encarcelamiento o cualquier
otra privación de la libertad física, la tortura, la violación, la persecución
de un grupo o una comunidad determinada con identidad propia fundada en motivos
políticos o nacionales, la desaparición forzada de personas…”.
Brasil, Colombia y México son Estados signatarios y parte de
la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Al sostener y
proteger a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que violan
las normas vigentes y vinculantes, sus actuales presidentes y gobiernos violan
todas las normas citadas y muchas más leyes internacionales que son de
aplicación obligatoria. El Derecho Internacional establece claramente que no
hay impunidad para cómplices, facilitadores, apologistas, encubridores,
encubridores o cualquier otro tipo de participación criminal similar a la
perpetrada por los presidentes Lula, Petro, López Obrador y ahora Sheinbaum.
Un gobierno paradictatorial es “un gobierno elegido en
democracia que representa a un país democrático pero sirve a regímenes
dictatoriales para contribuir a su sostenimiento y permanencia con acciones de
legitimación y apoyo, incumpliendo obligaciones jurídicas internacionales y
obstaculizando sus propios intereses nacionales”. Este es el concepto que hoy
encarnan los gobiernos de Brasil, Colombia y México.
Estos tres gobiernos contratan a personas, en el área de la
medicina y en otros campos, de la dictadura cubana, personas que han sido
identificadas por organizaciones internacionales como esclavas y en
servidumbre, y los gobiernos anfitriones pagan al régimen cubano por los
servicios de estas personas que no reciben esos pagos y cuyas familias son
mantenidas en Cuba como una especie de rehenes. Estos tres gobiernos
democráticos compran, facilitan y brindan apoyo financiero de manera turbia a
favor de los pueblos que el régimen oprime desde hace casi sesenta y seis años,
y esto sostiene a la dictadura.
Nicaragua, incorporó la política exterior brasileña para
estar más cerca de Rusia, China e Irán, en la línea de Cuba y Venezuela y en la
misma línea se subordinó a los ataques terroristas contra Israel.
Los datos y pruebas aportados por Armando Benedetti,
embajador de Petro en Venezuela, son una autoconfesión sobre el financiamiento
y financiación de la campaña electoral de Petro, actual presidente de Colombia.
En todos los casos, el apoyo paradictatorial al sostenimiento de dictaduras
abarca actos notorios y públicos que exigen una actitud severa de la comunidad
internacional.
Opinión y Analisis.
ANN NOTICIAS.
