En un contexto donde la lucha por los derechos humanos debería ser prioritaria, surge una denuncia estremecedora que revela no solo el abuso de un agresor, sino una aparente negligencia y falta de sensibilidad por parte de las autoridades judiciales. Este caso involucra a Victor Hugo Velasco, presidente de la Asociación Boliviana de Derechos en Santa Cruz, quien se ha visto obligado a intervenir después de recibir la denuncia formal de una víctima de violación y maltrato, a cargo de la juez que lleva el caso. La situación, aún más alarmante, se desarrolla en el municipio de La Guardia, donde la víctima ha enfrentado una serie de obstáculos legales que ponen en entredicho la imparcialidad del proceso judicial.
La víctima, que ha sufrido una violación anal, se acercó a las autoridades para denunciar el crimen y buscar justicia. Sin embargo, se encontró con una serie de trabas que demuestran una clara vulneración de sus derechos fundamentales. Según los informes proporcionados por la víctima y sus representantes legales, el caso fue presentado en el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal de La Guardia, bajo la responsabilidad de la doctora Susana Zavala Dávila. Sorprendentemente, la juez desestimó las pruebas presentadas por el fiscal Freddy Guzmán Zapata, quien solicitó la detención preventiva del agresor por 180 días, medida que no fue aceptada por Zavala, quien argumentó de manera insostenible que la violación pudo haberse producido mediante un vibrador.
Este tipo de justificaciones resulta no solo indignante sino peligrosamente erróneo, ya que refleja una falta de comprensión sobre la naturaleza del abuso sexual. La víctima, a pesar de contar con informes médicos y psicológicos que corroboran el abuso, se ha visto constantemente rechazada y menospreciada por las mismas instituciones que deberían protegerla. Además, la juez no consideró los informes de la Defensoría, ni los días de impedimento que la víctima había experimentado debido a las lesiones causadas por la agresión.
Lo más alarmante es que, durante todo el proceso, la víctima ha tenido que enfrentar una serie de obstáculos que incluyen la falta de acceso a su denuncia, la demora en los informes forenses, e incluso la indiferencia de las autoridades encargadas de velar por sus derechos. A pesar de haber formalizado la denuncia, la víctima no fue recibida en su totalidad por los funcionarios correspondientes, quienes alegaron que los informes psicológicos y médicos no estaban disponibles, lo que retrasó aún más la atención que requería con urgencia.
"Yo he peregrinado por todas partes, me rechazaban la denuncia, no querían que me recibieran. Tuve que luchar sola sin abogado", relata la víctima en sus declaraciones, un testimonio desgarrador que resalta la desesperación y el sufrimiento de una mujer que solo buscaba justicia y protección. En sus palabras, se refleja el dolor de no ser escuchada, de ser vista como un objeto de duda, en lugar de una persona con derechos y dignidad. Aún más impactante es el trato que recibió de la jueza, quien, en vez de escuchar su versión, pareció tomar una postura más cercana al agresor, minimizando la violación e incluso sugiriendo que el abuso podría haber sido consentido.
El caso ha desatado una indignación generalizada, tanto por parte de la víctima como de la sociedad civil, que exige que las autoridades tomen cartas en el asunto y garanticen un proceso justo y libre de sesgos. La Asociación Boliviana de Derechos Humanos, liderada por Velasco, ha interpuesto una apelación ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, solicitando la nulidad de las decisiones tomadas hasta ahora y pidiendo que se reanude el proceso con la debida diligencia y sin obstaculizaciones. La solicitud es clara: que el agresor sea detenido de forma preventiva y que se garantice la seguridad de la víctima, quien ha recibido amenazas por parte de los allegados del acusado.
Este caso no es solo un llamado de atención sobre la impunidad de los agresores, sino también una reflexión sobre las fallas del sistema judicial que, en ocasiones, parece más dispuesto a proteger a los culpables que a las víctimas. La injusticia se perpetúa cuando quienes deberían impartirla actúan con parcialidad o desdén hacia los derechos de las personas, sobre todo en situaciones tan delicadas como esta, donde lo que está en juego es la integridad física y emocional de una mujer que ya ha sufrido una vulneración enorme.
La apelación de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos, en conjunto con el trabajo del fiscal Freddy Guzmán Zapata, busca asegurar que la víctima reciba el trato que merece, que el agresor enfrente las consecuencias de sus actos y que no se permita la manipulación del sistema judicial por influencias externas o favoritismos. La justicia, tal como se exige, debe ser imparcial y garantizar la protección de las personas más vulnerables.
En definitiva, este caso subraya la necesidad urgente de reformas en el sistema judicial boliviano, para que situaciones como esta no se repitan y las víctimas de violación sexual puedan sentirse protegidas, escuchadas y respaldadas por un sistema que debe ser un bastión de justicia y equidad.
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Justicia.
Santa Cruz.
ANN Noticias.
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